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Por Oscar Müller C.
Conducía tranquilamente su automóvil, por aquella vía poco transitada en ese momento, cuando, por el retrovisor, notó las luces de una patrulla que le marcaba el alto. Detuvo el vehículo y esperó con paciencia a que se acercara el oficial quien le interpeló:
Le detuve porque no trae una placa. –
El conductor le explicó que el día anterior le había hecho algunos arreglos al coche y por eso había dejado la placa en la ventanilla trasera. La amenaza no se hizo esperar:
Pues vamos a tener que llevar su coche al corralón, o nos arreglamos aquí, Usted decide. –
Una amenaza sin sustento legal, pero sí real y el conductor sabía perfectamente que aquello podía pasar, por lo que optó por ceder ante el chantaje y pagó el soborno al policía.
Muchos de mis lectores sabrán que lo relatado está apegado a la realidad de nuestro México y que se puede extender a todos los ámbitos del actuar público, basta con pensar en aquella persona, que luego de décadas de esfuerzo ha logrado establecer una industria que produce un insumo demandado por el Gobierno y que sabe que, si no entra “al juego”, no podrá realizar negocios y su negocio irá a la quiebra.
Tal vez uno de los fenómenos dañinos que se presentan en la sociedad más difíciles de medir, es la corrupción pues implica conductas que son castigadas por la ley y por tanto quien incide en estas, siempre procurará mantenerlas en secreto; y las partes, en un interés mutuo, utilizan todas las herramientas a su alcance para desvanecer las pruebas.
Si a lo anterior añadimos que las herramientas con las que cuenta el Estado son múltiples, mi estimado lector podrá observar que, probar la corrupción es muy difícil y, es por esto que uno de los Organismos no Gubernamentales que vigilan la corrupción en el mundo, Transparencia Internacional, ha optado por medir este fenómeno a través de lo que se denomina Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que es la clasificación que se elabora tomando como base las opiniones de diversos sectores u organismos que se encuentran inmersos en el sistema del país de que se trate y, también de acuerdo con las características propias de cada sistema, se buscan opiniones que puedan ayudar a hacer más certera la medición, como encuestas a los sectores más proclives a ser víctimas de este fenómeno y encuestas ciudadanas.
Esta medición de la corrupción se hace con una escala de 0 a 100, en la que cero es el grado absoluto de corrupción y 100 es la ausencia de este fenómeno, algunos países encuentran clasificación sobresaliente con 90 puntos, pero a México no le fue muy bien, obtuvimos una calificación de 26 puntos que nos hace ver como un país con un alto grado de corrupción y reprobado en ese ámbito.
Este estudio se realizó sobre un período de dos años y se tomaron en consideración 13 fuentes independientes entre sí. De 180 países evaluados, el nuestro se encuentra en lugar 140, y es de observar que en la medición de dos años antes, México se encontraba en el lugar 126, por lo que vamos a peor.
La medición de TI, se fortalece por el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuyo resultado evidencía que, en 2023, el 84% de la población estimó que la corrupción es un fenómeno frecuente en este país y el 14% afirmó haber sido victima de actos de corrupción por algún funcionario público.
Así pues, el desgastante fenómeno de la corrupción sigue deteriorando nuestro tejido social, a pesar de los golpes de pecho de los políticos, que cada vez tienen menos credibilidad como el que dio la Presidenta Sheinbaum al tachar de falsas estas estadísticas argumentando que el gobierno tiene un 80% de aprobación. La señora no acepta ni aceptará que la corrupción se ha expandido en México ante la impunidad que se vive.
Por cierto ¿Sabía usted que en el ejemplo que puse al inicio de esta aportación el ciudadano no cometió un acto de corrupción? En efecto, el ciudadano fue víctima de un acto de extorsión por parte del policía y esto es algo que se encuentra regulado en nuestra codificación penal que menciona que comete ese delito el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo
un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial y la pena es agravada si quien lo hace es funcionario público. Pero el ciudadano no actúa por considerar que incurrió en un soborno y también porque México es un país en el que parece ser que es al delincuente y no a las personas, a quien protege el gobierno.
