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El triunfo de López Obrador no es casual, deriva de muchos factores que se fueron juntando durante décadas. El partido Revolucionario Institucional (PRI), que había sostenido el poder, desde los años treinta del siglo pasado, tuvo el control del proceso electoral durante décadas. En 1990, se creó el Instituto Federal Electoral, organismo con mucha dependencia de la presidencia, pero en 1996, se le dio autonomía y la consecuente capacidad de decisión, al conformarse por un consejo electo en sus dos tercios por el Congreso Federal, esto fue uno de los elementos claves, para que el PRI saliera de la presidencia de México. La posibilidad de unas elecciones realmente populares, se dieron con esa autonomía que debemos reconocerla al presidente Ernesto Zedillo y esto permitió que el partido de derecha Acción nacional (PAN), tomase la presidencia de la República con Vicente Fox quien, como líder, dejó mucho que desear, por lo que luego de seis años, vino un elección realmente reñida, en la que perdió, por un margen muy pequeño, López Obrador; la presidencia de Calderón fue peor que la de Fox, la inseguridad se disparó debido a una política absurda de enfrentamiento de fuerza contra el crimen organizado y, de nueva cuenta, vinieron elecciones, los mexicanos, después de esa experiencia de doce años y, ante las promesas de un cambio real en el PRI, decidieron votar por el candidato a ese partido, lo que trajo consigo un sexenio que superó a los anteriores en su ineficacia y corrupción.
En el transcurso de esos 18 años, López Obrador, estuvo trabajando para lograr su ambición de ser presidente del país y los fracasos le hicieron aprender, y ha sabido aprovechar la frustración y la rabia de la sociedad mexicana que se ha alimentado por tres sexenios de mal gobierno, pero nada promete que el suyo vaya a comprender una buena administración, aunque si, muy posiblemente, una forma distinta de gobernar.
Un sentimiento queda en la mitad de los votantes que escogieron una opción diversa a López Obrador, el miedo que México se convierta en otra Venezuela, regida por un gobierno tiránico que ha brotado del gran poder que ha sabido crear el Chavismo alrededor de la figura presidencial. Maduro, ha llevado a la sumisión al congreso y al poder judicial en aquel país, lo que creó una presidencia absolutista que ha traído a la población carencias básicas.
¿Podría suceder lo mismo en México, como se estuvo pregonando a diestra y siniestra durante la campaña electoral?
Creo que un análisis de los pesos y contrapesos del poder que operan actualmente en México nos puede dar una respuesta.
En el Congreso no se ve que la oposición pueda hacer contrapeso a las decisiones presidenciales, pues los partidos que apoyan al nuevo presidente tienen una gran ventaja. En la Cámara de 500 Diputados 397 respaldarán las decisiones del ejecutivo y, en la Cámara de Senadores, de 100 que la conforman, 68 representan los intereses de la coalición del presidente electo; claramente se observa que, en los primeros tres años de gobierno, el Congreso no será factor de contrapeso, lo que no es una buena señal, dado que nada indica que las decisiones de López Obrador vayan a ser infalibles.
El contrapeso del Poder Judicial podría influir en el gobierno de López Obrador. Durante el sexenio de Peña Nieto, la Suprema Corte llegó a emitir decisiones de inconstitucionalidad a actos del ejecutivo y el legislativo, que impidieron abusos de poder, como el de llevar a la justicia civil a los militares en los casos en que un ciudadano común esté involucrado. En la actualidad se encuentra en revisión la Ley de Seguridad Interior, decisión trascendental para limitar el uso del ejército en funciones de Seguridad Pública.
Otro factor de control son los Organismos Constitucionales Autónomos, que durante el pasado sexenio fueron claves en el señalamiento de desvíos de poder y corrupción, entre ellos destacan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que al dar indicadores de pobreza, seguridad pública y otros, se convierte en un termómetro de la administración gubernamental; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido factor clave en el señalamiento de los excesos del poder contra la población; el Instituto Nacional de Transparencia ha sido también ingrediente para desenmascarar actos de corrupción durante los últimos años. Con una gran importancia durante el sexenio de Peña Nieto, se encuentra la Auditoría Superior de la Federación, de donde ha salido información de desvíos de recursos multimillonarios, que han puesto en evidencia la profunda corrupción del gobierno federal, el congreso acaba de designar como auditor, para un período de 8 años, al economista David Rogelio Colmenares Páramo, de donde existe una fuerte posibilidad que este organismo si vaya a ser factor de contrapeso al poder presidencial.
Quedan los elementos de control informales, que se representan por la sociedad civil organizada: organizaciones obreras y empresariales, Organismos no Gubernamentales y los medios de comunicación, salvajemente golpeados, sobre todo en el gobierno de Peña Nieto, estos son impredecibles, aunque debemos considerar que su actuar correrá de acuerdo con la forma como sus intereses se vean afectados o beneficiados.
A la postre, podemos concluir que México si tiene elementos de contrapeso de poder que puedan limitar el actuar presidencial y creo que como sociedad civil debemos pugnar porque estos se fortalezcan y esperemos lo mejor con la renovación que en el país se ha dado en los niveles administrativo y legislativo.
