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Por Oscar Müller Creel
El 24 de febrero de 2018 el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se presentó en el Campo Militar Marte, de la ciudad de México, acompañado de los altos mandos de las fuerzas armadas; llegó hasta la explanada en donde se encuentra el asta bandera donde después de los actos protocolarios, se dio inicio al desplazamiento del enorme lienzo cuyos colores y figuras representan a la nación mexicana, pero al irse desplazando, se fue haciendo evidente que algo estaba mal: el escudo con el águila devorando a una serpiente sobre un nopal, se encontraba al revés. El gesto del presidente Peña, decía mucho, en un principio reflejó sorpresa, pero mientras se evidenciaba la imagen volteada del escudo, también se pudo percibir temor e inseguridad, acentuados cuando el lienzo llegó a la altura de los 100 metros del asta y ya no había duda sobre el hecho: las fuerzas armadas de México estaban dando un mensaje simbólico al titular del ejecutivo, cuya administración se vio hundida en los abusos y la corrupción.
Aún queda la duda sobre cuál fue el mensaje, pues la bandera izada al revés puede tener múltiples significados: desprecio hacia el lábaro y lo que representa o rendición de la plaza, aviso de auxilio por amotinamiento o que la plaza ha sido tomada por el enemigo. Lo que fue evidente es que las fuerzas armadas estaban dando un mensaje al presidente y este no significaba sumisión, sino todo lo contrario.
Desde mediados de la última década del siglo pasado, y bajo un esquema de ilegalidad simulado, las fuerzas armadas han sido involucradas en el combate al crimen en México, lo que es una función que se separa de su principal misión que es la salvaguarda del país contra amenazas a la seguridad exterior.
En el gobierno encabezado por Vicente Fox, esta tendencia se reflejó al incluir dentro de los altos mandos en la Procuraduría General de la República a militares, empezando por el propio titular de la dependencia el General Macedo de la Concha.
Fue en el siguiente sexenio, cuando Felipe Calderón, sacó a los militares definitivamente a las calles de México, con consecuencias desastrosas que aún estamos viviendo, pues en el gobierno de Peña Nieto se continúo con las mismas políticas ineficientes de combate al crimen organizado y, bajo presión del ejército, este último presidente trató de impulsar una ley, a todas luces inconstitucional y surgida desde las fuerzas armadas, la que terminó en el fracaso cuando su adecuación con la constitución fue analizada por la Suprema Corte, que la anuló.
Fue en este último período cuando se izó la bandera al revés y muy posiblemente el ejército daba a entender su inconformidad con el uso de combate al crimen a que era sujeto.
En este nuevo gobierno, el presidente López Obrador ha tratado de templar las cosas de una manera incorrecta, pues a través de la Guardia Nacional ha pretendido transformar a los soldados en policías, a pesar de las autorizadas opiniones en contra que le han hecho ver que eso es una imprudencia y ha puesto a cargo de ese organismo a un militar, quizá tratando de conciliar ambas posturas.
Debe observarse que las opiniones en contra de usar a las fuerzas armadas en el combate al crimen, se vienen planteando desde hace más de dos décadas y principalmente a través de las organizaciones internacionales que han evidenciado el peligro que se corre al otorgarle poder al ejército sobre la sociedad civil, voces que han sido desoídas porque en el gobierno mexicano no existe una política decidida para profesionalizar, armar y capacitar a los cuerpos policiales y se ha buscado la solución fácil en el uso del ejército.
A pesar que en el documento elaborado para la campaña de López Obrador, Proyecto de Nación 2018-2024, se habla de modificar el combate al crimen a través de inteligencia financiera, también se insiste en la creación de una ley de Seguridad Interior y de la Guardia Nacional; pero la realidad es que el ejército ha continuado en las calles, pero ahora con consecuencias distintas, pues el presidente ha dado instrucciones que no se ataque a la población civil, lo que ha acarreado fuertes humillaciones para las fuerzas armadas del país.
El 25 de mayo, en La Huacana, Michoacán, doce soldados fueron vejados, insultados y desarmados; el 23 de agosto, en Los Reyes, Michoacán, un grupo de soldados fue agredido con garrotes y piedras, lesionando a varios de ellos; el 8 de septiembre en La Llave, Querétaro, ante el saqueo de un tren por ciudadanos, miembros de la milicia, trataron de impedirlo, pero fueron agredidos con piedras y garrotes e siendo heridos dos soldados; al día siguiente tocó el turno a militares en Acajete, Puebla, donde también se vieron sobajados por agresiones de la población civil y el remate fue lo acontecido este 18 de octubre en Culiacán, Sinaloa, donde el ejército se vio avasallado por las fuerzas del crimen organizado, que superaron a las fuerzas del Estado en personas, armamento y logística.
En todos esos casos, salvo el último, los soldados tenían instrucciones de no agredir a la población civil, la política de López Obrador ha tenido resultados humillantes para los militares mexicanos y las instituciones que representan y la respuesta ha surgido y no en forma simbólica como fue con Peña Nieto, sino directa y a través del General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien claramente expresó el sentir de las fuerzas armadas sobre las políticas del presidente, en una intervención ante los altos mandos de las fuerzas armadas de México, que fue nutridamente aplaudida.
Crédito de la imagen destacada: sinembargo.mx
Pobre nuestro ejercito
Gracias por el comentario. El ejército ha sido disciplinado, pero para todo hay un límite y la imposición de Rosario Piedra para la CNDH es una nueva ofensa para las fuerzas armadas y también para la clase empresarial que es el basamento para la creación de progreso y riqueza.