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Fue algo inusitado, quienes ahora se manifestaban públicamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, no eran los maestros ni los allegados a los desaparecidos; sino un grupo de mujeres y varones, elegantemente vestidos, que protestaban con un gran letrero con la leyenda “Exigimos un sistema nacional anticorrupción competo”. Eran los representantes de los empresarios mexicanos, que expresaban su oposición a las modificaciones a la legislación anticorrupción aprobada por el Congreso y que se encuentra en poder de la Presidencia, para su aprobación final.
Esto obedeció al Proyecto de Ley conocido como “Ley3de3”, propuesto por los ciudadanos y que puso a los legisladores en un apuro, pues implica que voten en contras de sus intereses y, el plazo que ellos mismos se habían fijado para emitir las leyes de combate a la corrupción, concluyó el 28 de mayo y el nerviosismo y su consecuente cabildeo, se sentía en el Congreso de México, pues ese día también concluía el Período Ordinario de Sesiones y nada se había resuelto. Seguramente habrán pensado -lo dejamos para el siguiente período y la cosa se habrá enfriado- pero no fue así, la sociedad y unos pocos legisladores honestos, exigieron se abriese un período extraordinario para revisar no solo estas leyes, sino otras más que dejaban pendientes, en su lenidad y negligente actuar.
El día último de mayo, el Congreso decidió llevar a cabo un Período Extraordinario de Sesiones, que iniciaría el 11 de junio, y tendría por objeto analizar diversas situaciones pendientes, entre ellas, la legislación anticorrupción.
El día 13 el Señor Eduardo Bohórquez, representando a las organizaciones de la Sociedad Civil impulsoras de la “Ley3de3”, compareció ante el Senado para apoyar dicho proyecto, haciendo referencia a que este, brota del seno de la sociedad y toca una herida abierta en ella, el hartazgo por la corrupción; herida cuya sanación se encuentra en el combate a la impunidad que en México se presenta frente a dicho fenómeno.
Al proyecto presentado por los ciudadanos, los legisladores del PRI y el PVEM, decidieron presentar diversas modificaciones:
El proyecto original plantea que las declaraciones: patrimonial, de intereses e impuestos, de los servidores públicos, deben estar expuestas a la sociedad en general. Esto con el fin de poder determinar el patrimonio del servidor público cuando accede al puesto gubernamental y realizar una comparación con el que presente, cuando deje dicha función; para esto se propusieron formatos que permitirían tener ese control.
Pero este proyecto se truncó, pues los legisladores de los citados partidos, lo modificaron para que las declaraciones patrimoniales no sean públicas y, por lo que toca a los formatos, se dejó a un consejo coordinador, en que los ciudadanos tienen una participación limitada, determinar las características de estos. Lo anterior, equivale a dejar sin efectos la intención de publicidad y dar paso a la misma impunidad que se pretende combatir.
La iniciativa ciudadana, obliga a presentar la declaración patrimonial no solo a los funcionarios públicos, sino también a las empresas o individuos que ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier forma con el gobierno, esto evidentemente para vigilar que dichas empresas no se coludan en “moches” con los funcionarios de gobierno que contactan.
Los legisladores opositores al proyecto, decidieron cambiar esta regla para que cualquier persona que tenga relación con el gobierno ya sea de intereses o patrimonial, deba hacer público su patrimonio y fue esto lo que molestó a la clase empresarial mexicana, y motivó la manifestación antes descrita.
Bajo estas condiciones los legisladores del PRI y del PVEM, votaron por una ley anticorrupción a su conveniencia y a la del sistema venal que representan. Esto provocó fuertes críticas en los medios y las redes sociales del país y, fue así como el proyecto mutilado, llegó ante el Presidente Peña Nieto quien el día que, con bombo y platillo, pretendió anunciar la promulgación de la ley, dio marcha atrás y ha ejercido su facultad de devolver la ley con propuesta de modificaciones que se dan solo en el sentido de modificar la generalización de las declaraciones patrimoniales a los particulares.
Por otro lado, la devolución del proyecto de ley que hace el Presidente parece ser un indicativo de algo que se veía venir, el divorcio entre el Poder Legislativo y la Presidencia de la República, lo que se ha manifestado en otras decisiones del Congreso, como ha sucedido con la legislación sobre el uso de la mariguana y las reformas en materia de género.
Crédito de la imagen de portada: trendingtopics.mx
