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Las imágenes son en blanco y negro, tomadas desde la cámara de un helicóptero de la milicia estadounidense, el sonido refiere que se tienen a la vista cinco o seis individuos y menciona que al menos uno de ellos está armado. En otro momento, la cámara capta doce personas que se reúnen en la calle, están hablando entre ellos, desde el sonido de la nave se oye la orden de hacer fuego y empieza el ruido de los disparos en ráfaga; casi todos ellos caen en los primeros segundos y uno logra salir corriendo unos cuantos metros, pero es también abatido y del sonido se escucha una voz que se jacta de haberlos matados a todos.
Ese video forma parte del acervo oculto del gobierno estadounidense, que luego de su difusión fue conocido como los “Papeles del Departamento de Estado” que fue dado a conocer al mundo en 2010, a través de la página de Internet, conocida como Wikileaks cuyo principal fundador fue Julián Assange.
En 2016 y en plenas elecciones por la presidencia de los Estados Unidos, Wikileaks dio a conocer una gran cantidad de correos electrónicos del partido demócrata, en los que se evidencian tácticas sucias para lograr obtener ventajas en el proceso electoral.
En marzo de 2017, la plataforma de Internet exhibió las actividades de ciberespionaje que Estados Unidos estaba realizando a través de computadoras, teléfonos celulares, televisiones y otros aparatos similares, a un gran número de personas e instituciones, incluyendo gobiernos y funcionarios de alto rango de otros países, evidentemente violando la privacidad.
Es claro que el gobierno de Estados Unidos no se encuentra satisfecho con lo que ha dado a conocer al mundo la plataforma de Internet creada y dirigida por Julian Assange, quien estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante siete años, de donde salió en abril de 2019 para ser arrestado y, desde entonces, se encuentra en prisión en Inglaterra, esperando el proceso de extradición que se ha iniciado a solicitud de Estados Unidos y que tuvo su audiencia inicial este 24 de febrero.
El proceso contra Julián Assange representa un punto de quiebre en la modernidad de las comunicaciones y la forma de ejercer la libertad de expresión, que implica el derecho que tenemos de recibir información tanto en forma individual, como masiva, a través de los medios de comunicación, lo que conlleva el derecho de poder trasmitir información.
Las comunicaciones y el conocimiento de la información a través de Internet representa una evolución equiparable a la invención de la imprenta en el siglo XV; es un cambio en el que la información ha tomado una nueva dimensión y, por consecuencia, el periodismo se ha también transformado en la misma medida.
Wikileaks es la imágen de esta nueva forma de manejar la información y de acceder a ella y, el proceso contra Assange, nos da un vislumbre de cual puede ser el futuro inmediato de la libertad de información en las nuevas tecnologías.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado a Inglaterra y parece ser que el país isleño ha cedido, la estancia de Assange en prisión se ha alejado de los parámetros de respeto a sus derechos fundamentales, como ya lo hizo notar el enviado especial Nils Melzer de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes que informó haber acudido, en Mayo de 2019, a la prisión Melsher en la capital inglesa para entrevistarse con Julián Assange, acompañado de dos médicos especializados en casos de tortura quienes determinaron que el recluso había sido sometido a tortura psicológica durante un largo período y que ninguno de los Estados Involucrados aceptó el llamamiento a investigar dichas torturas y en su caso redimir por el daño causado, como se prevé en la normatividad de los Derechos Humanos.
Y ahora que inicia el proceso de extradición, múltiples voces se han alzado en contra de la persecución contra Assange:
Massimo Moratti, Director Adjunto para Europa de Amnistía Internacional, manifestó que “La implacable persecución del gobierno estadounidense contra Julian Assange por la publicación de documentos a los que tuvo acceso sobre posibles crímenes de guerra, entre otros, cometidos por el ejercito de Estados Unidos no es sino un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión…”
Por su parte Tim Dawson, representante de la Federación Internacional de Periodistas, en un mítin en Londres el 4 de febrero, refirió que: “Debatir si Assange es o no es realmente un periodista es irrelevante en este momento. También lo son los juicios sobre su comportamiento o carácter pasado. Los dispositivos legales que se están desplegando para tratar de llevarlo a los Estados Unidos no tienen precedentes y son terroríficos para cualquiera cuyo periodismo toque la seguridad del estado, la defensa o el espionaje. Si Assange es enviado desde aquí para comenzar una sentencia de prisión que podría durar hasta 175 años, entonces ningún periodista está a salvo”.
Si Julian Assange es sometido a juicio en Estados Unidos, la persecución contra él habrá triunfado en demérito de la libertad de prensa, pues cualquier periodista se lo pensaría dos veces a denunciar actos indebidos de los gobiernos por temor al precedente que el caso fijase.
Esa autocensura no solo demeritaría en el ejercicio de una prensa libre sino también en el de las democracias, pues el que los gobiernos puedan actuar impunemente, sin temor a la censura de los medios de comunicación, da paso a la arbitrariedad.
Crédito de imagen:pulsopolitico
